martes, 27 de noviembre de 2007

La nueva ley de extranjería "perjudica a los argentinos"

-Esta ley fue bien recibida en un principio porque permitía que hijos y nietos de españoles de origen obtuvieran visados para buscar trabajo en España durante tres meses.
-Sí, pero ahora está claro que quedan sujetos al cupo que establezca el gobierno español. Además, son visados para trabajos temporales en el campo, con requisitos que, de hecho, excluyen la posibilidad de que un argentino sea contratado por muy nieto o hijo de español que sea.
-¿Qué ocurre con los argentinos que ya están en España?
-La ley no da ninguna respuesta. Siguen con su problema de falta de documentación.
-¿Siguen igual?
-En realidad empeoran. Porque la nueva ley eliminó la figura de "exención de visado", que era un recurso por el que se podían lograr regularizaciones. Eso se terminó, es otra puerta que se cierra. Además, se monta un esquema policial con controles en los padrones municipales, redadas en lugares de reunión de inmigrantes y la obligación a las compañías aéreas de informar el nombre de quienes no usan su pasaje de salida de la península. Son medidas reales y también de presión psicológica sobre cualquier inmigrante sin papeles. El miedo aumenta.
-¿Cómo afecta esta nueva norma la negociación bilateral en marcha entre gobiernos, para la que su ONG fue consultada?
-No tengo muchas esperanzas. Por un lado, es difícil que se apruebe la matrícula consular que propuso la Argentina, porque significaría reconocer la "legalidad de los ilegales", y eso se da de patadas con lo que sostiene España. El argumento del gobierno de Aznar es que sólo quieren "inmigración legal". No creo que la matrícula consular de la que tanto se habla case con eso. Y si saliera, de todos modos el inmigrante irregular no cambiaría su status.
-¿Entonces?
-Yo veo más viable que se procure la firma de un convenio bilateral que favorezca la contratación de mano de obra argentina, como el que ya tienen Chile y Perú. Y la Argentina no.
-Existía la impresión de que esta modificación entraría en vigor el año próximo, pero ahora los tiempos se acortan. ¿Tiene alguna interpretación para eso?
-Son movimientos en clave electoral. El partido del gobierno quiere mostrar que actúa contra la inmigración. Y la oposición, el Partido Socialista Español (PSOE), envía el mensaje a las clases medias de que combatirá la inmigración, que aquí se asocia con el delito. Lo difícil es ir contra eso, los próximos días nos movilizaremos en toda España para advertir contra ese discurso.

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