Nueva ley protege derechos de inmigrantes en Argentina

Promulgada el 20 de enero de este año, la Ley n° 25.871 pone fin a décadas de discriminación contra los migrantes, fruto de la legislación represiva de las dictaduras militares. "La democracia salda así una deuda con los inmigrantes, a quienes se consideraba falsamente como un peligro para la seguridad nacional", dijo el senador Rubén Giustiniani, autor de la Ley. La nueva Ley - que entrará en vigor a mediados de año - reemplaza a la de n° 22.439, sancionada en 1981 por la última dictadura militar (1976-83), que daba poderes de policía a la Dirección Nacional de Migraciones y autorizaba la expulsión sumaria del país de todo inmigrante que no acreditara la "posesión de capital propio, contrato de trabajo estable o estar casado con un ciudadano nativo". La igualdad de trato está incorporada en la nueva norma, garantizándose a los inmigrantes los mismos derechos que tienen los nativos, incluyendo los laborales, sindicales, a la seguridad social, atención médica en los hospitales públicos, a la educación y a participar en las decisiones relativas a la vida en las comunidades donde residan. El número de personas que podrán regularizar su situación varía según las fuentes. El gobierno habla de 800 mil, cifra que llega al 1 millón de acuerdo a los estudios de una comisión legislativa. Pero la Comisión Católica para las Migraciones reduce el número a alrededor de 300 mil y el estatal Instituto de Estadísticas calcula un máximo de 250 mil. La inmensa mayoría de los inmigrantes irregulares proviene de Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil, en ese orden. Hasta que la Ley entre en vigencia, el gobierno dictó una resolución especial para legalizar a los provenientes de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) - Brasil, Paraguay y Uruguay - y bastará con que acrediten su ciudadanía de origen, tengan buena salud y carezcan de antecedentes penales. "Antes de que empiece a regir la Ley iremos facilitando los trámites de residencia a los ciudadanos llegados de otros países, en especial los peruanos que, durante la década del 90, constituyeron la mayor corriente migratoria recibida por Argentina", dijo el ministro del Interior, Aníbal Fernández. En consonancia con la filosofía de la nueva Ley y la disposición especial para ciudadanos del Mercosur, el gobierno dictó otra resolución por la que desde enero se suspendieron las deportaciones de indocumentados de los países vecinos. Entre el 2000 y el 2002 fueron expulsadas 11.685 personas. "Desde ahora, y hasta que empiece a regir plenamente la Ley n° 25.871, todos los extranjeros tendrán el derecho a ser escuchados por un juez y será él quien decida cuál será el destino de esa persona", dijo Pablo Ceriani, abogado del Programa para los Derechos de los Migrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Es un Extenso pedaso de texto pero vale la pena leerlo...
Miren lo que restalte en Rojo...